Jazmin Romero Epiayu – El Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional.
Este premio lo dedico a la memoria de mi hermana, Jakeline Romero Epiayu, a su vida, fuerza y legado. A ella, que ya viajó hacia Jepirra, a la eternidad donde reposan los espíritus de nuestro pueblo. Que su memoria siga iluminando nuestro camino y nuestra lucha colectiva.
Este premio también es un acto de memoria viva por todos los hermanos y hermanas defensores que han caído brutalmente, asesinados por quienes se oponen a nuestra misión de proteger el agua, la vida y la naturaleza. Ellos son parte de este camino. Sus voces, aunque las hayan querido silenciar, siguen activas en cada rincón del territorio. Sus luchas no se apagan: se transforman, se multiplican y hoy también habitan en este premio.
El Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional, reconoce la lucha de quienes defienden los derechos humanos. Y aunque llegue a mis manos, no me pertenece solo a mí: pertenece a mi pueblo Wayuu, en especial a niñas y mujeres y al pueblo colombiano que resiste todos los días frente a la desigualdad, la violencia y el despojo; un pueblo que también ha resistido históricamente contra un modelo económico impuesto por el capital financiero, un modelo que ha saqueado nuestros recursos naturales, debilitado nuestra soberanía nacional y ha profundizado las injusticias que hoy resistimos en los territorios.
Durante años hemos denunciado los impactos del carbón del Cerrejón, proyecto minero impuesto sin consulta previa, violando nuestra espiritualidad y nuestros principios ancestrales. Ese proyecto sigue dejando daños irreparables: violando el sembrado del agua, destruyendo sitios sagrados y afectando a los cultivos propios de la región, principio vital para nuestra existencia y soberanía alimentaria.
Hoy enfrentamos otra amenaza. En el norte de Colombia, 17 multinacionales pretenden construir 57 parques eólicos sobre nuestros sitios sagrados y corredores espirituales. Lo decimos con firmeza: destruir el agua es destruir la cultura; destruir la cultura es destruir el territorio; destruir el territorio es acabar con nuestra existencia como pueblo. El despojo ha sido sistemático. Ya son más de 15 comunidades Wayuu desalojadas violentamente entre los municipios de Riohacha, Maicao, el sur de La Guajira, Manaure y Uribia. Y como si fuera poco, enfrentamos también el drama del hambre. Según el Instituto Nacional de Salud, la desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años aumentó el 13,1% anual entre 2017 y 2024. Los municipios más golpeados son Uribia, Riohacha y Maicao. No son cifras, no son porcentajes: son vidas, son cuerpos, son niñas y niños Wayuu.
Hemos agotado todos los caminos para exigir protección al Estado y a la UNP. No hemos recibido ninguna respuesta. Por esto estamos evaluando acudir a las instancias internacionales, para exigirle al Estado colombiano la garantía efectiva de nuestro derecho a la vida. Lo hacemos porque el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, “gobierno del cambio”, no ha querido proteger ni garantizar nuestros derechos, ni los de muchos defensores y lideresas sociales.
Y quiero decir esto desde lo más profundo de mi espíritu: este premio también es la voz, y el camino de las denuncias abiertas contra todas las formas de violencias contra mujeres y niñas, incluidos los matrimonios tempranos en el pueblo Wayuu, prácticas que no pueden justificarse ni normalizarse bajo ningún argumento cultural. Ninguna violencia contra mujeres y niñas es justificable. Nuestra lucha también es por ellas: por sus cuerpos, por sus vidas y por su dignidad. A esta realidad de violencia se suma un drama que ha sido silenciado; el embarazo infantil y adolescente, que es otra forma de violencia y desprotección estructural.
Según el análisis de la Doctora Iliana Curiel Arismendy Pediatra, magíster en Salud Pública y Política Social, publicado por el Diario del Norte (08 de septiembre de 2025), 569 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres entre 2022 y 2024, y 42 de sus bebés nacieron con bajo peso, lo que refleja la crudeza de una inequidad intergeneracional que no puede seguir siendo normalizada. Además, en La Guajira, casi 3.000 bebés nacieron con bajo peso, y 795 eran hijos de madres adolescentes, una evidencia del ciclo de pobreza, racismo, desigualdad de género y abandono estatal que marca nuestras vidas desde el primer día. El artículo señala que la desnutrición en La Guajira no se explica solo por falta de agua o comida, sino por un entramado profundo de desigualdades sociales y una ausencia sistemática de rutas de protección para niñas, adolescentes y mujeres. Esta situación, como lo afirma el texto, es estructural, no cultural; es el reflejo de un Estado que no protege y de autoridades que siguen negando derechos. Luego este premio es, entonces, un símbolo de resistencia, un símbolo de vida, un símbolo de memoria, un símbolo que denuncia lo que otros quieren ocultar y que honra a quienes ya no están. Que este reconocimiento sirva para seguir denunciando, para seguir luchando y para seguir defendiendo la dignidad de nuestros pueblos, la soberanía, el agua, el territorio y la vida.
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