Desde el Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayüü denunciamos una nueva incursión armada sobre la población de Wayukaso ubicada a solo 3 kilómetros del casco urbano de Ríohacha capital de la Guajira.
El día 23 de julio de 2024 cerca de las 9 pm se presenta una primera agresión llevada a cabo por hombres armados contra la comunidad de Wayuukaaso. En dicha primera incursión encapuchados prendieron fuego a las enramadas construidas por la comunidad y amenazaron con armas de fuego a los habitantes, a quienes exigían abandonar el predio. Ante la reacción de las comunidades vecinas, quienes también han sido víctimas de un acoso violento y sistemático especialmente enfocado contra las mujeres dichos hombres en una primera instancia decidieron retirarse, sin embargo según denuncian líderes de la comunidad cerca de la media noche regresaron. Eran aproximadamente 8 hombres, en esta segunda incursión violenta se aseguraron de que la comunidad no pudiera comunicarse con sus familiares, ni pedir ayuda a la fuerza pública, amenazando con arma de fuego a quienes trataban de usar el teléfono. Procedieron con extrema violencia a incinerar las viviendas de los pobladores en un contexto donde mujeres, niños y adultos mayores incluidas dos personas en estado de discapacidad se hallaban presentes, dejando un saldo de 4 viviendas destruidas y 10 familias sin hogar. Mientras apuntaba a la cabeza de la vocera de la comunidad Yusmery Peñaral en una práctica ya recurrente de ir violentamente contra las mujeres, los encapuchados se identificaron como paramilitares a las órdenes de un supuesto dueño legal de esas tierras y cuya exigencia era el desalojo incondicional de estas por parte de la comunidad, dejando la advertencia de que las consecuencias serian peores de no cumplir la orden. En palabras de una líder Wayüu este es el comienzo de una guerra contra su pueblo cimentaba en el despojo de tierras para los intereses de terratenientes locales y negocios con empresas privadas del sector minero energético y eólico que buscan expandirse en la región.
El día 24 de julio la comunidad instaurar las denuncias correspondientes ante las autoridades quienes fuera de la presencia de dos motorizados de la policía que llegaron 40 minutos después de la llamada de auxilio al lugar de los hechos y aun con la gravedad de los acontecimientos aún no han tenido ningún pronunciamiento sobre el hecho o acercamiento a la comunidad. Tenemos que enfatizar que dichos actos de violencia y despojo contra el pueblo Wayüu se dan desde el 2019 cuando nueve comunidades fueron desplazadas y en la actualidad son 36 las que se reportan en riesgo, también enfatizar en el desplazamiento violento qué la misma comunidad de Wayuukaaso sufrió entre 2020 y 2023 junto a las comunidades de Santa Clara, Potrerito, Jarijirimana, Villa Iler, Cachaca Mejía, la Comunidad Tuctuc por parte del propio gobierno distrital resaltando el desalojo de la comunidad de Cachaca Mejia donde la fuerza pública y el gobierno distrital actuaron sin ninguna orden administrativa ni justificación legal para el desalojo, acto que la comunidad denuncia como un comportamiento ya habitual en estos operativos.
El derecho de las comunidades ancestrales sobre su territorio está amparado por sentencia T: 556 de año 2017 de la Corte Constitucional de Justicia. Que ratifica los derechos de los pueblos indígenas al acceso de sus territorios ancestrales, en el caso de la comunidad de Wayuukaaso existe un documento emitido por el Ministerio del Interior, Procuraduría para Asuntos Étnicos y la Agencia Nacional de Tierra en donde dejan claro que se deben parar con los desalojos ilegales bajo el cual pudieron retomar su territorio en 2023 a lo que sin embargo se sumó la persecución ilegal y la violencia generalizada a la comunidad que aseguran la presencia de hombres encapuchados ha sido una constante, pero escalando en sus niveles de violencia en la reciente toma armada e incendio.
Denunciamos el silencio de las autoridades locales y nacionales sobre la persecución y amenaza sistemática a los líderes y comunidad Wayüu y su complicidad frente a los despojos ilegales de nuestro territorio ancestral. Denunciamos la pasividad frente a la violencia, el miedo y los días de constante terror de nuestro pueblo, la forma inoperante para tratar y perseguir a los criminales qué amenazan la paz de la común del Wayuukaaso y la falta de prevención frente a las denuncias de amenazas personales y comunitarias, inoperancia y pasividad inaceptable para la gravedad y constancia a la que ya escalan los niveles de violencia.
Exigimos a la Fiscalia, a la Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio del Interior, Defensoria del Pueblo, Policia y fuerza pública, garantías para la comunidad de Wayuukaaso y pueblo Wayüu en general, protección y celeridad en el proceso de la incursión armada de este 23 de julio. Las denuncias están hechas y el Estado, gobierno nacional y regional no pueden seguir desconociéndolas.
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